CHALCO, Méx.- 18 de septiembre del 2026.— Tras permanecer aproximadamente un año y medio bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la casa habitación que se convirtió en el epicentro de un violento conflicto por invasión fue finalmente devuelta a la familia de Carlota “N”. Un juez reconoció formalmente a su hija, Mariana Santana Alfaro, como la legítima propietaria del inmueble.
La propiedad se ubica en la calle Hacienda La Labor, en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de Candelaria Tlapala. La entrega judicial se concretó luego de que la parte afectada acreditara formalmente con la documentación correspondiente la legal posesión del predio.
El inmueble se convirtió en noticia de impacto nacional tras los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025. Aquel día, el intento por recuperar la propiedad derivó en un enfrentamiento armado en el que perdieron la vida Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin Márquez, de 19, además de dejar a un menor de edad lesionado.
Dichos acontecimientos abrieron dos líneas de investigación paralelas ante las autoridades judiciales:
- Juicios por despojo y robo: En la vertiente patrimonial, las investigaciones llevaron a la condena de Víctor Eladio Torres Ortiz, sentenciado a seis años de prisión por delitos vinculados con la invasión y el robo al inmueble. Asimismo, otras personas señaladas por despojo continúan bajo proceso penal.
- Proceso penal por homicidio: En el ámbito penal, Doña Carlota “N” y sus hijos enfrentan acusaciones por la muerte de los dos hombres. Debido a su avanzada edad y condición de salud, la mujer fue beneficiada con la medida cautelar de prisión domiciliaria, desde donde sigue su proceso legal.
La devolución de la casa representa un cierre parcial dentro de la controversia patrimonial que motivó la disputa. Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que esta resolución sobre la propiedad no interrumpe ni influye directamente en el proceso penal que se sigue contra la familia por el doble homicidio.
Con esta decisión de los tribunales, la familia recupera el control sobre el inmueble acreditado, mientras que los juicios por los hechos violentos del 1 de abril de 2025 continúan su curso en las instancias correspondientes.
