ATLAUTLA, Méx.- 24 de julio del 2026.- . — Con un presupuesto asignado de 29 millones 834 mil 857 pesos para este 2026, la Universidad Politécnica de Atlautla (UPA) se ha posicionado como la institución de educación superior pública más cara de la región de los Volcanes, según denunciaron estudiantes y egresados de la comunidad académica. Los inconformes manifestaron su rechazo ante la serie de cuotas requeridas, al señalar que impactan gravemente la economía de sus familias y contradicen el carácter público del plantel.
De acuerdo con el desglose presentado por la comunidad estudiantil, el costo mínimo estimado para completar una licenciatura de cuatro años, dividida en 12 cuatrimestres, asciende a 24 mil 872 pesos. Dicha cifra cubre únicamente los rubros institucionales básicos, omitiendo insumos indispensables como materiales de estudio, transporte, uniformes, expedición de certificados, regularizaciones y el trámite de titulación.
El desembolso económico para los jóvenes comienza desde el proceso de admisión. Para ingresar a la universidad, cada aspirante debe pagar un total inicial de 3 mil 972 pesos, suma que contempla 455 pesos por el examen de selección, 358 pesos por el examen diagnóstico de inglés, 380 pesos por el curso propedéutico y 597 pesos por el curso de matemáticas. A estos montos se añaden 1,900 pesos del primer pago de inscripción, 206 pesos por acceso a la biblioteca digital y 76 pesos por la credencial escolar. Posteriormente, la permanencia requiere el pago de 11 reinscripciones cuatrimestrales de 1,900 pesos cada una, alcanzando un subtotal de 20 mil 900 pesos por este concepto.
A la carga ordinaria de inscripciones y exámenes se suma la inconformidad por cobros adicionales superiores a los 3 mil pesos destinados a certificaciones profesionales. Al incluir este rubro, el gasto por estudiante supera los 27 mil 800 pesos, sin contemplar los costos administrativos finales de la carrera.
Diversos egresados, quienes solicitaron reservar su identidad por temor a sufrir represalias, aseguraron que tras haber cubierto los pagos correspondientes concluyeron sus estudios sin recibir los certificados prometidos. Los denunciantes señalaron que la administración no brinda información sobre el avance de los trámites ni aclara el destino de los fondos recaudados, por lo que exigieron a las autoridades universitarias Transparentar el catálogo de certificaciones que se cobran, precisar su costo oficial, indicar si tienen carácter obligatorio o voluntario y rendir cuentas sobre cuántos alumnos las han pagado y cuántos documentos continúan pendientes de entrega.
